¿De quién son las cajas de ahorros?
El Partido de la Libertad Individual está alarmado por los planes del gobierno español respecto a las cajas de ahorros. Se oponen a que se inyecte dinero público en las cajas de ahorros ya que consideran que el contribuyente no debe pagar vía impuestos la mala gestión de muchas de las mismas en el pasado. Ven en esta situación una nacionalización parcial de unas instituciones que actualmente tienen forma jurídica de fundaciones de naturaleza privada y sin ánimo de lucro y además consideran que la seguridad financiera que pudiera ofrecer el Estado español es un espejismo.
Y no les falta razón. El problema viene en la alternativa que proponen:
La solución a las cajas no pasa por un mix de nacionalización parcial y apertura parcial al capital privado, sino por un plan de ofertas públicas de venta (OPV) por el cien por ciento del capital de todas las cajas, que previamente deben pasar a ser bancos normales y corrientes y cuyas acciones deben estar a disposición de cualquiera que desee adquirirlas.
Pues no me parece una buena solución. Para mí la forma más consecuente con los postulados liberales de privatizar una empresa o entidad pública es dejar la propiedad en manos de los primeros ocupantes o lo que más se les parezca, que suelen ser las personas que trabajan en la misma, como proponía Murray Rothbard. No es conveniente privatizar a través de ofertas públicas de venta, porque eso sería no respetar propiedades legítimas que pudieran existir y además resultaría favorable para los que más dinero tengan previamente que podrían comprar más acciones que los que no tengan tanto dinero. Hay que tener más cuidado porque proponer algo así podría ser, aunque no sea lo que se pretenda, poco menos que un robo institucional en la práctica. Recuerda mucho a las Enclosure Acts o leyes de cercamientos inglesas que criticaba Kevin Carson y que sirvieron para arrebatar a los campesinos la propiedad de la tierra y crear las modernas «propiedades privadas» (véase la reseña de Larry Gambone al primer libro de Kevin Carson para comprenderlo).
Creo que este lío viene de un posible error que se comete muchas veces de pensar que sólo porque participan administraciones públicas en las cajas de ahorros, éstas ya son entidades públicas convencionales, cuando no, jurídicamente son fundaciones privadas participadas e incluso fundadas en muchas ocasiones, eso sí, por administraciones públicas. Pero como también participan en ellas personas no relacionadas con las administraciones públicas la cosa se complica.
Si no son entidades públicas y son fundaciones privadas pero no tan privadas como para que las administraciones públicas no se queden fuera, ¿de quién son las cajas de ahorros? Veamos por ejemplo como según la Wikipedia la Asamblea General de la Caja de Ahorros de Asturias está formada por 300 consejeros que actúan en representación de:
- los impositores (personas que tienen depositados sus ahorros en la entidad) con un 40%
- las corporaciones municipales con un 27%
- el Ayuntamiento de Gijón (entidad fundadora) con un 11,50%
- la Junta General del Principado de Asturias (entidad fundadora) con un 11,50%
- los empleados de la entidad con un 10%
Si nos fijamos bien, la mitad de la entidad está en «manos privadas» (impositores y empleados) y la otra mitad está en «manos públicas» (el Ayuntamiento de Gijón, la Junta General del Principado de Asturias, que es el nombre que recibe el parlamento autonómico asturiano, y las distintas corporaciones municipales de los concejos asturianos en los que residen los impositores). ¿Cómo va a arrebatarse de las «manos privadas» la mitad de la propiedad para juntarla a la otra mitad, la que está en las «manos públicas», trocearla en acciones y ponerlas a la venta? Habrá otras cajas de ahorros en las que la propiedad que está en «manos públicas» supere a la que está en «manos privadas», pero aún así no se puede pasar por encima de esas propiedades legítimas que están en esas «manos privadas». La privatización vía oferta pública de venta no es una opción razonable ni justa para el problema de las cajas de ahorros, pues.
¿Qué las cajas de ahorros necesitan despolitizarse? Sí, desde luego. ¿Qué las administraciones públicas deberían salir de ellas y dejar de inyectarles dinero de los contribuyentes? Claro, es justo. Pero eso no implica que tengan que privatizarse vía oferta pública de venta. Simplemente podrían dejarse en manos de impositores, trabajadores y entidades fundadoras que no sean administraciones públicas. Sería la opción más justa y respetuosa con la propiedad legítima existente. Así que más que una privatización lo que necesitarían las cajas de ahorros es dejar su condición pseudomutualista actual y pasar a ser entidades de carácter mutualista plenas, trasformándose en bancos mutualistas o cooperativas de crédito. Y luego, si así lo desean, que sean sus legítimos dueños los que decidan privatizarlas como estimen oportuno. Pero los legítimos dueños, nunca jamás el Estado o alguna otra Administración pública a través de ofertas públicas de venta de acciones.
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About the Author: Alberto Garcia
Soy miembro del Partido que citas pero estoy de acuerdo con el contenido del artículo.
Si os dais cuenta, en el I Congreso los libertarios pudimos hacer algunas enmiendas, por ejemplo, en el punto 4.3 se define al Capitalismo así frente al sistema actual:
«Consideramos que en la actualidad ha desvirtuado el término “capitalismo” y con frecuencia se denomina así al neomercantilismo, que ha crecido a través de una relación ilegítima entre la gran empresa y el gran gobierno a costa de un individuo sometido a ambos. El Partido de la libertad individual, como portavoz de ese individuo sometido, propone dejar fluir libremente las potencialidades de la acción humana, libre de cadenas reguladoras, para que la acción espontánea, libre y descoordinada de millones de individuos sea la que gobierne la economía.»
En mi enmienda, proponía no hablar de Capitalismo, por asociarlo a lo que ahora tenemos pero se aceptó el texto propuesto pero sin dejar de denominar al sistema «ideal» capitalismo. No es lo ideal, pero al menos nos desmarcamos de la alianza gran gobierno-gran empresa.
Seguidamente, en el punto 4.4.2. del programa que habla de privatizaciones, conseguimos incluir este texto:
«Debido a la ocupación violenta en el pasado de tierras y propiedades por parte del Estado, muchas propiedades actuales son ilegítimas. Apoyamos la restitución a las víctimas y, en los casos en que esto no sea posible por desconocerse la identidad del legítimo propietario o sus herederos, debido al tiempo transcurrido, apoyaremos formas alternativas de transferir la propiedad estatal a manos privadas como el modelo checo de reparto de acciones a gran escala entre la población o, cuando sea posible, que la propiedad pase a los ocupantes y/o trabajadores actuales (en el caso de empresas estatales). No apoyaremos privatizaciones basadas en entregar las antiguas empresas públicas a los plutócratas de turno, empresarios que han hecho fortuna a la sombra del poder, mediante subsidios, barreras de entrada a la competencia, monopolios o medidas proteccionistas. Creemos que la combinación de gran gobierno y gran empresa es el caldo de cultivo adecuado para la tiranía.»
Creo que bastante cercano al espíritu del artículo que estamos comentando.
Los anarquistas pragmáticos que luchamos contra el hiperestado desde aquí, debemos estar vigilantes para que los comunicados y propuestas no se separen lo más mínimo del espíritu del Programa Marco en las partes que nos son más caras.
El texto completo, por si alguien le quiere pegar un vistazo.
No necesito que me lo diseccioneis señalando las imperfecciones que posee, pues las conozco de sobra, pero creo que puede ser una herramienta útil en una parte importante del camino hacia una sociedad más libre.
http://www.p-lib.es/wp-content/uploads/2010/10/PPM.pdf
Muchas gracias Libertas, estáis haciendo un gran trabajo por allí. Seguro que daréis mucho que hablar y abriréis alguna puerta a más de un right-libertarian, suerte con el Radical caucus. 😉