La propiedad de la tierra III (viabilidad ecológica)
En primer lugar, debemos confesar que en este punto los planteamientos no son, en esencia, demasiado diferentes a los de los anarcocapitalistas -aunque, por supuesto, lo son; sobretodo, más que en cuanto al marco de gestión, en la forma de gestión de los recursos-, pues si bien los mutualistas compartimos con los viejos movimientos campesinos y obreros el ideal de “la tierra para quien la trabaja”, los incentivos y mecanismos de mercado a través de los que esta tierra (o, como sería más correcto decir: los recursos naturales) se administrará, serán muy parecidos y, así, también los resultados esperados.
Antes de nada, hemos de comenzar por señalar los muchos defectos de que adolece la gestión pública –estatal- a la hora de cumplir con su objetivo en la administración de los recursos naturales.
Como observa el profesor Jesús Huerta de Soto, los ciudadanos no se interesan en obtener información e influir en los resultados de la gestión pública de los recursos naturales más que cuando se trata de asuntos de importancia para el propio individuo y/o piensa que es capaz de influir efectivamente sobre su administración.
De este modo, el grueso de los ciudadanos permanece al margen de las decisiones estatales con respecto a los recursos naturales, y solo pequeños –pero poderosos- grupos de interés presionan sobre la administración en pro de su propio beneficio, aun cuando este vaya contra el de la inmensa mayoría. Así, podemos ver que la Ley del Suelo en España, por ejemplo, está influida decisivamente por el lobby de los constructores, que gracias a la misma están legalmente autorizados a expropiar un porcentaje de las parcelas que, por la fuerza, consigan “urbanizar”.
E incluso en el caso de que los individuos se molestaran en intentar influir en las políticas ambientales, al elegir únicamente representantes y no medidas concretas, les sería imposible ejercer una influencia realmente decisiva sobre la acción de sus gobernantes. El sistema fomenta la apatía de los ciudadanos.
Por otro lado, el Estado adolece de ineficiencia crónica, ya que no existe ninguna conexión entre quienes toman las decisiones y los costes y beneficios de las mismas, mientras que el principal interés de los burócratas está en ampliar el presupuesto y las personas empleadas y, en definitiva, expandir desmedidamente los gastos.
A esta circunstancia se suma el hecho de que, como los políticos están interesados principalmente en obtener votos a corto plazo, las políticas medioambientales suelen estar orientadas también al corto plazo, y de esa forma se descuidan las medidas que deberían tomarse de cara al futuro. El caso extremo de Chernobil puede ilustrar esta circunstancia a la perfección; allí los dirigentes soviéticos priorizaron los beneficios a corto plazo –prestigio y popularidad como consecuencia de la construcción y la creación de puestos de trabajo- sobre las consecuencias a largo plazo –seguridad de la central nuclear-.
En cambio, los propietarios de recursos privados poseen la información –precios- necesaria para explotar tales recursos, conocer hasta qué punto están dispuestos a gastar los consumidores y, en consecuencia, adaptarse a la magnitud de sus demandas, así como los incentivos suficientes para gestionar los recursos eficientemente y beneficiar, de ese modo, a toda la sociedad.
La gestión privada es, además, una garantía para la preservación del medioambiente, ya que los propietarios del recurso procuran cuidarlo para garantizar su futura explotación; así ha ocurrido, por ejemplo, en Zimbawe, donde la cesión de la propiedad de los elefantes desde el Estado a las comunidades indígenas ha provocado un aumento en su número; en Níger, donde la entrega de los árboles estatales a los campesinos ha provocado un aumento impresionante de los bosques; o en Canadá, donde los indios, antes de la llegada de los europeos, cuidaban perfectamente las reservas de castores para proveerse de sus pieles. Todos estos ejemplos ilustran perfectamente, además, los principios del mutualismo: recursos naturales en manos de quienes los trabajan, democracia directa e intercambios voluntarios.
Del mismo modo, podrían ocuparse parcelas marinas a fin de preservar las especies animales o explotar los recursos subterráneos. El procedimiento jurídico sería similar al expuesto en el primer artículo; las parcelas se delimitarían a través de mapas catastrales y serían defendidas a través de nuevas técnicas que proveería el mercado espontáneamente para tal fin–atendiendo a criterios mutualistas- . [1]
Una de las objeciones principales a la gestión privada de los recursos es que, si bien se acepta que puede ser beneficiosa en el corto plazo, a largo plazo llevaría a la sobreexplotación de los recursos y, en muchos casos, a su agotamiento. “La tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos”, nos dicen, a modo de sentencia.
Paradójicamente, es exactamente la misma objeción que hacemos de la gestión pública ya que, como se ha expuesto, los burócratas solo tienen incentivos en utilizar los recursos para obtener votos y popularidad a corto plazo, desentendiéndose de los efectos posteriores. Ahora bien, el mercado, al contrario que el Estado, sí puede garantizar la preservación de los recursos al largo plazo a través de una mal comprendida figura: los especuladores. No nos referimos a los especuladores en la acepción popular y peyorativa, sino sencillamente a aquellos individuos que, previendo futuras demandas del mercado, se adelanta e invierte en ellas –en muchos casos son comparables a “almacenistas”-. Estos individuos podrían ayudar a preservar el medio ambiente invirtiendo en parques naturales, especies animales, etc. en pos de un beneficio futuro gracias a su explotación, garantizando de esa forma la continuidad.
La otra objeción principal hace referencia a las externalidades. Se suele habla de externalidad cuando los efectos –principalmente- negativos de una acción afectan a terceras personas no implicadas. Este es el caso de, por ejemplo, la polución, en la que el efecto contaminante de producir X mercancía o servicio es soportado por todos los individuos cercanos a la fábrica de origen.
Suele alegarse que, al carecer de Estado, los individuos que padecen las externalidades estarán completamente indefensos ante la contaminación indiscriminada de las industrias. Pero esta forma de razonar ignora que las externalidades, en su totalidad, son consecuencia de una mala defensa y definición de los derechos de propiedad (incluyendo la propiedad sobre uno mismo) y que dicho problema puede resolverse concretando esos derechos a través de compañías de seguridad y tribunales de arbitraje, sobre la base de unos derechos de propiedad claros y sencillos, tales como los de raíz mutualista.
Supongamos, por ejemplo, un pueblo al pie de un río, que se protege de sus desbordamientos gracias a un bosque que ejerce de “colchón” entre los dos, el pueblo y el río. Si alguien destruye el bosque, su acción tendrá una externalidad negativa: la indefensión del pueblo ante los desbordamientos del río, y, al ser esta fácilmente detectable, el bosque pasa a ser, virtualmente, propiedad del pueblo. Bajo el mismo pretexto, otros recursos clave en la supervivencia de pueblos, ciudades o incluso regiones deberían estar, si no bajo la propiedad, sí al menos bajo la tutela de sus ciudadanos. Otro ejemplo de sencillaresolución son los casos de lluvia ácida en los que el origen de tal fenómeno y sus afectados son fácilmente detectables, y de esa forma es fácil establecer las compensaciones.
En otros supuestos, como la polución, es más difícil que la justicia consiga igualar el precio de los bienes fabricados con su coste marginal social, esto es, el coste marginal interno (costo de producción) más el costo marginal externo (coste del daño a terceros) como sí era posible en los ejemplos anteriores, pero probablemente las compañías de justicia y seguridad, gracias a sus incentivos en ofrecer buenos servicios, intentarían aproximarse al máximo en las compensaciones[2], creando una serie de precedentes judiciales que agilizarían cada vez más los pleitos.
De ese modo, las asociaciones voluntarias de la anarquía conseguirían de una forma mucho más satisfactoria que el Estado el objetivo de proteger el medioambiente y prevenir la contaminación, así como compensar a sus afectados.
[1]: Los escépticos pueden echar un vistazo a un ejemplo histórico sobre ese hecho: el lejano Oeste. Allí, tras numerosos conflictos entre campesinos y agricultores por la tierra, como consecuencia de su creciente escasez, el mercado alivió las disputas con la creación del cercado de espino, que facilitaba la defensa y delimitación de la propiedad.
[2]: Como puso de manifiesto David Friedman, la delimitación de los derechos de propiedad es una convención. Es imposible discernir objetivamente cuándo empieza o acaba la agresión; a partir de cuántos decibelios, de qué intensidad de luz o de qué intensidad de golpe o perjuicio para los pulmones, etc. Así mismo, establecer cuándo la polución constituye una agresión también es una convención; y el deber de los juristas libertarios será, simplemente, trazar el límite de la agresión de modo que maximice la libertad y la integridad del individuo.
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2 Responses to La propiedad de la tierra III (viabilidad ecológica)
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Creo que hablar solamente de compensaciones es algo erroneo. A la hora de prevenir estos hechos, que en cierto modo atentan contra la libertad de los habitantes cercanos a esa area se podria parar dicha actividad (por ejemplo la tala o emision de gases), ya que en muchos casos dichas compensaciones no son tales debido a que la perdida no tiene por que estar relacionada con algo material. Si por ejemplo tengo una casa donde he vivido toda mi vida y la van a poner en verdadero peligro, ademas de mi vida, y no me da la gana arriesgarlo tengo derecho a que la empresa deje de talar arboles porque esta atentando, aunque sea en ese momento solo de forma potencial, contra mi libertad.
Fíjate que en el propio ejemplo tengo en cuenta esa posibilidad. En el caso del bosque que ejerce de «presa» para evitar los desbordamientos del río, el pueblo tiene derecho a prohibir su tala. En otros casos como contaminación que produce lluvia ácida y similares, igual.
En otros muchos casos como la simple emisión de gases sería más probable que se dieran compensaciones bajas; la prohibición o la tasación alta tendría consecuencias económicas desastrosas, encarecería demasiado los productos y/ produciría paro. El cambio hacia formas de producción más ecológicas debe ser gradual, sin descontar el papel activo de las comunidades cuidando de su propio medio.